POLICIALES
04/12/2025
Defensa de guardias detenidas niega agresión a interno trans y habla de «Protocolo»
Por Jose Manuel Ferrero
El escándalo que sacude al Complejo Penitenciario de Bouwer sumó una nueva arista este jueves, luego de que el abogado defensor de dos de las diez guardias mujeres detenidas por la presunta agresión a un interno trans desmintiera rotundamente las acusaciones y defendiera la actuación de sus representadas.
Las agentes, que prestan servicio en el Establecimiento Penitenciario 3 (EP3), fueron detenidas tras la denuncia de la víctima sobre un violento traslado ocurrido el pasado 23 de noviembre.
El letrado Mariano Borda aseguró públicamente que sus clientas actuaron "de acuerdo al protocolo" durante el procedimiento. Según la defensa, el origen del conflicto no fue la discriminación, sino una pelea entre dos internas que son pareja.
“El operativo del 23 de noviembre se llevó a cabo por una situación de dos internas que son pareja… estaban teniendo discusiones en su celda y se estaban golpeando entre sí”, explicó Borda.
El abogado sostuvo que, al intentar intervenir, la guardia se vio superada por la reacción de la población carcelaria, al punto de que "una oficial quedó como rehén". Además, reveló que una de sus defendidas resultó con lesiones en manos y piernas, presuntamente agredida por las internas que se estaban peleando.
Borda agregó que, tras este episodio, fue el resto de las internas del pabellón quienes expulsaron al interno trans, arrojándole su ropa.
Respecto al momento del traslado, que es el centro de la denuncia por agresión, el abogado fue enfático en la negativa: "Ellas niegan haber actuado con violencia o discriminación" y afirmó que el cambio de pabellón "se hizo el protocolo como se debe".
El defensor también cuestionó el timing de la denuncia, señalando: "No entendemos por qué el 23 de noviembre ocurrieron los hechos y recién el 1 de diciembre denunció".
La causa se encuentra en manos del fiscal de Instrucción José Mana, quien ordenó la detención de las 10 guardias tras analizar cámaras de seguridad y un informe interno del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC).
La denuncia fue presentada por el propio interno trans ante la jefa del SPC, Carolina Funes. La víctima, que ingresó originalmente al penal como mujer y posteriormente se autopercibió varón, está alojada en el pabellón femenino y testificó haber sido golpeado por varias agentes durante el traslado del 23 de noviembre.
El caso continúa en plena investigación, con el fiscal Mana buscando esclarecer si se produjo un uso excesivo de la fuerza y discriminación, o si la respuesta de las agentes se ajustó a la necesidad de controlar un motín incipiente, como alega la defensa.
Las agentes, que prestan servicio en el Establecimiento Penitenciario 3 (EP3), fueron detenidas tras la denuncia de la víctima sobre un violento traslado ocurrido el pasado 23 de noviembre.
El letrado Mariano Borda aseguró públicamente que sus clientas actuaron "de acuerdo al protocolo" durante el procedimiento. Según la defensa, el origen del conflicto no fue la discriminación, sino una pelea entre dos internas que son pareja.
“El operativo del 23 de noviembre se llevó a cabo por una situación de dos internas que son pareja… estaban teniendo discusiones en su celda y se estaban golpeando entre sí”, explicó Borda.
El abogado sostuvo que, al intentar intervenir, la guardia se vio superada por la reacción de la población carcelaria, al punto de que "una oficial quedó como rehén". Además, reveló que una de sus defendidas resultó con lesiones en manos y piernas, presuntamente agredida por las internas que se estaban peleando.
Borda agregó que, tras este episodio, fue el resto de las internas del pabellón quienes expulsaron al interno trans, arrojándole su ropa.
Respecto al momento del traslado, que es el centro de la denuncia por agresión, el abogado fue enfático en la negativa: "Ellas niegan haber actuado con violencia o discriminación" y afirmó que el cambio de pabellón "se hizo el protocolo como se debe".
El defensor también cuestionó el timing de la denuncia, señalando: "No entendemos por qué el 23 de noviembre ocurrieron los hechos y recién el 1 de diciembre denunció".
La causa se encuentra en manos del fiscal de Instrucción José Mana, quien ordenó la detención de las 10 guardias tras analizar cámaras de seguridad y un informe interno del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC).
La denuncia fue presentada por el propio interno trans ante la jefa del SPC, Carolina Funes. La víctima, que ingresó originalmente al penal como mujer y posteriormente se autopercibió varón, está alojada en el pabellón femenino y testificó haber sido golpeado por varias agentes durante el traslado del 23 de noviembre.
El caso continúa en plena investigación, con el fiscal Mana buscando esclarecer si se produjo un uso excesivo de la fuerza y discriminación, o si la respuesta de las agentes se ajustó a la necesidad de controlar un motín incipiente, como alega la defensa.
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